Pique-juzgado

Gerard Piqué, ex futbolista del FC Barcelona, ha admitido ante la jueza Delia Rodrigo que recurrió a Luis Rubiales, ex líder de la RFEF, para que le asistiera en el cobro de las comisiones que ha venido recibiendo por conseguir que la Supercopa se lleve a cabo en Arabia Saudita, de acuerdo con fuentes presentes en la audiencia. El acusado llegó a los juzgados de Majadahonda protegido por un dispositivo de seguridad que incluyó a ocho miembros de la Guardia Civil y una dotación de la Policía local de Majadahonda.

En su declaración, llevada a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda que ha durado más de dos horas, Piqué, emocionado y lagrimeando en medio de su declaración, ha defendido la legalidad del contrato y las comisiones que recibió. Unas de sus palabras a la jueza fueron: «No saben el daño que me hace esto, en otro país tendría una estatua».

Además, ha aclarado que el primer pacto con la empresa saudí SELA, que adquirió los derechos de la Supercopa, fue «verbal», llegando incluso a describirlo como un «acuerdo de caballeros». Iniciaron su labor para los árabes sin haber suscrito ningún acuerdo con ellos. Durante la consolidación del acuerdo, Piqué ha informado a la jueza Delia Rodrigo que propuso a SELA finalizar el acuerdo. En lugar de admitir cualquier anomalía, Piqué ha expresado su «orgullo» por haber conseguido «el contrato más destacado» de la RFEF.

Las 15 facturas

Este jueves, Piqué había entregado al tribunal 15 facturas que Kosmos había expedido a la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAAF) por un valor total de 12 millones de euros, con el fin de certificar la «normalidad» de la relación contractual.

El testimonio del ex defensa del FC Barcelona se produjo 10 meses después de que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda lo incorporara a la lista de acusados que incluye a los exmandatarios de la RFEF Luis Rubiales y Pedro Rocha. Ambos ya prestaron declaración en este caso donde se investigan supuestos delitos de corrupción empresarial, gestión desleal y blanqueo de capitales.

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